Por: Catarino Tot
y Rebeca Bocafloja
Días sin recibir clases, ocupación de instalaciones de educación pública, confrontación con fuerzas de seguridad. Esto es el recuento de casi dos meses de lucha estudiantil, si solo nos atenemos a lo que medios de comunicación corporativa nos permiten conocer. Sin embargo silenciadas quedan las opiniones de las y los estudiantes normalistas, marginado esta el cansancio de pasar días enteros de mala alimentación, de sueño, de stress por las amenazas e intimidaciones recibidas de forma casi cotidiana.
No, eso no sale ni
en periódicos, ni en televisión, ni en las radiodifusoras. Pero sobre todo a quienes hemos sido testigos de cómo este
movimiento social, justo y necesario, ha llamado la atención de casi todo el
país debido a la gran cobertura mediática que ha obtenido. Sin embargo, dicha
atención ha estado mucho más enfocada hacia su criminalización, que a explicar
el porque de estos acontecimientos.
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Foto: Vicla Chinche![]() |
bien la clase media, sobre todo aquella con acceso a emitir una
opinión pública en redes sociales, ha dividido sus opiniones bien sea en
detrimento o apoyo al movimiento, la realidad de los acontecimientos se ha
manifestado claramente objetiva. Se ha hecho manifiesto que la “propuesta” no
es más que una imposición “desde arriba”, la cual tiene el apoyo incondicional
del actual gobierno. Esto se ha manifestado en actos de manifiesta represión,
con antimotines, y con la criminalización sistemática desde los medios de
comunicación masiva.
La justificación principal para ello es que el movimiento
normalista ha atentado contra el “orden público” y por ellos el gobierno se ha
visto “obligado” a tomar esas medidas “muy a su pesar”. Esto, ha
hecho sino mostrar, una vez más, la verdadera cara del actual gobierno. Donde
el término “dialogo” no significa más que aceptación sin discusión de las
medidas impuestas, y si alguien se atreve a desafiarlo, ello implica su
persecución, intimidación y represión. Eso si más lleva a pensar que se trata
realmente de un gobierno de forma “civil”, pero de prácticas militares
pragmáticas que se hacen manifiestas con respecto a las políticas públicas.
Ahora bien, desde el otro lado del campo social, la dignidad de
las estudiantes, la rebeldía innata de la juventud y sobre todo la valentía de
enfrentarse al Estado sin más que manos desnudas frente a armas, bombas
lacrimógenas, bombas de agua, y la inminente posibilidad de que las armas de
fuego se unan contra ellas y ellos.
Todas estas razones han generado una amplia
solidaridad con el movimiento. Mujeres, campesinos, intelectuales,
organizaciones a favor de los derechos humanos, la justicia y la verdad y no
menos importantes ciudadanos de a pie que saben que la persecución y represión
a menores de edad es no solo injusta sino inmoral. Si bien los medios han usado
la presencia de este apoyo como una manipulación, la verdad no se puede ocultar
el apoyo social solo tiene como objetivo acompañar una lucha social que es
justa y necesaria.
No solo se trata de una oposición a una imposición, es la
educación pública la que se esta en juego. Desde los años 90s, en los años de
la posguerra, se hizo manifiesta la abierta privatización de empresas y
servicios públicos. Sin embargo en los años iniciales del siglo XXI, tanto el
territorio como la salud y la educación han sido los principales objetivos de
la expansión del sistema neoliberal. Una de las muestras más claras de esto es
la continua y descarada privatización de la Educación superior, sin
embargo la pieza clave para terminar de privatizar la educación se centra en la
formación educativa, esto es no solo la educación media, sino la formación
docente.
Esto, lo que nos hace manifiesto es que la “reforma educativa” que su busca imponer, no es más que un elemento más del proceso de privatización generalizado que se busca implantar, ahora de forma mucho más desesperada por la crisis económica global, a fin de obtener muchas más ganancias para el capital.
Esto, lo que nos hace manifiesto es que la “reforma educativa” que su busca imponer, no es más que un elemento más del proceso de privatización generalizado que se busca implantar, ahora de forma mucho más desesperada por la crisis económica global, a fin de obtener muchas más ganancias para el capital.
Sin embargo, el rechazo social a la imposición no se redujo a la
ocupación de institutos, sino que también ha generado una amplia movilización
que ha trascendido el ámbito urbano. Chiquimula, Quetzaltenango, Antigua
Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, entre muchos otros han hecho presente su
rechazo a las medidas de imposición surgidas desde el Ministerio de Educación y
han condenado públicamente la criminalización y represión a las y los
estudiantes de los institutos normales de la Ciudad Capital.
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Todo esto ha
implicado la nacionalización de un movimiento social. Sin proponérselo, el
gobierno ha creado una situación donde el único mecanismo de defensa de si
mismo es el castigo público a través de los medios de comunicación y la amenaza
de la represión física. Sin embargo, si bien la toma de los Institutos fue una
fase, muy fuerte del movimiento, el movimiento no han hecho sino transformarse
y tomar una ruta diferente a la mantenida hasta ahora.
Ahora, Maestros, Madres
y Padres y de familia se han sumado en apoyo a las y los estudiantes. Será en
el transcurso de los acontecimientos que se suscite en los próximos meses que
se verá efectivamente si este movimiento logre rechazar de plano a la
imposición de las medidas neoliberales orientadas hacia la privatización.
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Por
la Educación
publica para todos y todas
Iximulew, 8 de Julio de 2012